Santo Domingo.-El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, Jesús Castro Marte reaccionó este jueves a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que elimina las penas de cárcel para policías y militares que mantienen relaciones sexuales con personas del mismo sexo, siempre que sean adultas y consentidas.
El religioso aseguró en X que la medida representa una “trepidante degradación social” y dijo sentirse sorprendido por lo que considera un deterioro acelerado de los valores en el país.
“Vemos con perplejidad y asombro la trepidante degradación social que corroe sin pruritos a la sociedad dominicana, hoy día”, Castro Marte.
El TC dejó sin efecto las disposiciones de dos leyes de 1953 y 1966 que sancionaban con penas de dos meses a dos años de prisión este tipo de relaciones dentro de las filas castrenses y policiales.
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El fallo del Tribunal Constitucional
La sentencia del TC declara inconstitucionales los artículos 210 del Código de Justicia Política y 260 del Código de Justicia Militar, al considerar que estos violaban derechos fundamentales como la intimidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad.
El tribunal sostuvo que dichas normas contenían una discriminación injustificada basada en la orientación sexual y no tenían una relación razonable con la disciplina o el servicio institucional.
Reacciones encontradas en la opinión pública
La decisión ha generado un amplio debate. Organizaciones de derechos humanos celebran el fallo, al señalar que durante años miembros de los cuerpos castrenses pertenecientes a la comunidad LGBT vivieron bajo el riesgo de ser perseguidos o expulsados por su orientación sexual, aun cuando las relaciones fueron entre adultos y de manera consensuada.
En contraste, sectores conservadores y religiosos manifestaron su desacuerdo.
Un cambio jurídico de alcance nacional.
El fallo se suma a otras decisiones regionales que buscan eliminar sanciones por conductas privadas entre adultos.
En el ámbito local, especialistas en derecho constitucional destacan que la sentencia crea un precedente sobre la protección de la vida privada de los miembros de las instituciones militares y policiales, abriendo un nuevo capítulo en la discusión sobre derechos, disciplina y modernización normativa.
