La indigna jactancia de un confeso narcotraficante que se proclamó como «padre de todos los capos» es un ejemplo alarmante de cómo se puede ofender la memoria colectiva y la moral pública sin que exista una consecuencia legal específica. Este tipo de declaraciones no son simples opiniones, sino mensajes distorsionados que normalizan la criminalidad y amenazan con convertirse en modelos perversos para las nuevas generaciones.
También se glorifica el trujillismo como si las décadas de horror fueran un recuerdo trivial, se alimenta el racismo y el ultranacionalismo contra la inmigración, se perpetúa la misoginia en un país marcado por un machismo estructural y se transmiten enseñanzas de desprecio al pueblo haitiano que vienen de más de cuarenta años de dictadura de Trujillo y de los doce años de la dictadura ilustrada de Joaquín Balaguer.
Esa suma de expresiones degradantes pasa muchas veces «como si nada hubiera pasado», sin que medie una consecuencia moral ni mucho menos legal. Eso es lo que más duele y preocupa, y lo que pone de manifiesto la urgente necesidad de cerrar los resquicios legales contra la glorificación del crimen y el odio.
Apología al desprecio humano
Es necesario aprender a reconocer cuándo estamos frente a una apología del crimen y del odio, porque muchas veces se disfraza de nostalgia histórica, de orgullo nacionalista o de simple opinión personal. Cuando alguien justifica la violencia de un régimen, exalta la figura de un capo, denigra a las mujeres por su condición de género o humilla a un pueblo vecino como el haitiano, está sembrando desprecio humano. Y cuando ese discurso circula sin respuesta ni sanción, la sociedad termina aceptándolo como normal, aunque su efecto real sea degradar la convivencia y corroer la dignidad colectiva.
En un país como República Dominicana, con una historia cargada de autoritarismo, machismo y prejuicios raciales, el peligro de normalizar esas expresiones es aún mayor. De ahí la urgencia de cerrar los resquicios legales que permiten que estas manifestaciones circulen con impunidad y se confundan con ejercicio de libertad de expresión, cuando en realidad son un ataque directo contra la vida democrática y contra la memoria de las víctimas.
Resquicio legal normaliza conductas
La Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas es una referencia clave en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, hasta donde hemos podido investigar, no contempla condena a la apología de estas conductas. Este vacío resulta especialmente grave porque permite que discursos que exaltan la delincuencia circulen con impunidad, debilitando los esfuerzos institucionales y sembrando en la sociedad la peligrosa idea de que el crimen puede ser motivo de orgullo.
La omisión también tiene un efecto cultural: contribuye a legitimar estilos de vida asociados a la violencia y al enriquecimiento ilícito. Cuando quienes fueron parte de estructuras criminales se exhiben públicamente sin restricciones, se distorsiona el sentido de la justicia y se transmite la noción de que la delincuencia es tolerada o incluso admirada.
La libertad de expresión y la dignidad humana
La libertad de expresión es un pilar democrático, pero su ejercicio no puede ser ilimitado cuando se utiliza como vehículo para legitimar la violencia o el odio. En todas las democracias modernas, este derecho encuentra límites cuando choca con la protección de la dignidad humana, la seguridad pública y el respeto a la memoria histórica.
Decir que hay que «cerrar los resquicios legales» significa que la legislación debe actualizarse para que no haya grietas que permitan impunidad a quienes glorifican la violencia. No se trata de censura arbitraria, sino de proteger la memoria colectiva, la cohesión social y los derechos fundamentales, de modo que la apología del crimen no se confunda con opinión legítima.
Condena social y legal necesaria
El país necesita dar un paso firme para blindar su memoria y proteger su futuro. Urge una reforma legal que contemple sanciones claras contra quienes glorifiquen el crimen, el narcotráfico o ideologías de odio. No basta con confiar en la condena moral de la sociedad: el Estado debe asumir la responsabilidad de impedir que estos discursos encuentren impunidad.
Además de establecer sanciones, la legislación debe complementarse con un esfuerzo sostenido en el ámbito educativo para mostrar la verdadera faz del narcotráfico, del fascismo y de toda ideología de desprecio humano. El único legado que esas expresiones dejan es destrucción y sufrimiento, y esa verdad debe transmitirse con claridad a las nuevas generaciones. La dignidad de la nación también se mide por su capacidad para impedir que el crimen se vista de prestigio.
