El Ministerio Público presentó el pasado viernes formal acusación contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el contratista del Estado José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), y otros siete señalados por sabotaje al sistema de semaforización y terrorismo.
El expediente incorpora a dos nuevos procesados: Manuel Eduardo Mora, gerente general de Pago RD Exchange, y Henry Darío Féliz.
Además de Beras, Gómez, Mora y Féliz, enfrentan acusación Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, y Carlos José Peguero Vargas.
La investigación, denominada en un principio Operación Camaleón, concluyó con la presentación del acto conclusivo. Se originó a raíz de las irregularidades en el contrato con la empresa Transcore Latam, por un monto superior a 1,300 millones de pesos.
Tras la suspensión del contrato, el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo se apagó en dos ocasiones, lo que generó caos en distintas avenidas. Las autoridades responsabilizaron a Gómez Canaán, quien tenía varios contratos con el Estado, entre ellos el de expedición de licencias de conducir.
La acusación fue sometida por ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. El expediente será sometido a un sorteo aleatorio en el que se escogerá el juzgado de instrucción que conocerá el juicio preliminar a los encartados.
Los delitos imputados
Entre los delitos que se atribuyen al grupo figuran corrupción, falsedad en escritura privada, estafa contra el Estado, asociación de malhechores y violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por sabotaje, robo de identidad y crímenes contra la seguridad de la nación. Estos delitos conllevan penas de hasta 30 años de prisión.
También se les acusa de actos de terrorismo a través de medios electrónicos, que según la misma ley, pueden ser sancionados con hasta 30 años de cárcel.
