La corrupción de la República Dominicana.

Un hilo que atraviesa las décadas.
Hablar de la historia política de la República Dominicana es, inevitablemente, hablar de la corrupción. No como un fenómeno aislado, sino como un hilo que atraviesa distintas épocas, estilos de gobierno y discursos ideológicos. Cada generación ha tenido sus propios escándalos, sus propios nombres y sus propias promesas de cambio. Sin embargo, la percepción ciudadana suele coincidir en algo: la corrupción, lejos de desaparecer, se ha transformado y adaptado a los tiempos.

Si se mira al pasado reciente, es imposible obviar la larga sombra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930–1961). Durante más de tres décadas, el régimen trujillista convirtió al Estado en un patrimonio personal y familiar. Las fronteras entre lo público y lo privado se desdibujaron por completo: empresas estatales, tierras, contratos y hasta las instituciones mismas funcionaban como extensiones del poder del dictador. Más que corrupción en el sentido contemporáneo, se trataba de un sistema de saqueo institucionalizado, respaldado por el miedo y la violencia.

Tras la caída de Trujillo, la llegada de la democracia no significó, necesariamente, la erradicación de las prácticas corruptas. El breve gobierno de Juan Bosch en 1963 intentó sentar bases institucionales con una nueva Constitución y un enfoque más ético de la cosa pública. Sin embargo, su gestión fue interrumpida por un golpe de Estado, y con ello se frustró también la posibilidad de una ruptura más profunda con las prácticas del pasado.

En los años posteriores, los gobiernos de Joaquín Balaguer marcaron una etapa contradictoria. Por un lado, se impulsaron obras de infraestructura y se fortaleció el liderazgo del Partido Reformista. Por otro, múltiples denuncias señalaron prácticas clientelares, uso político de los recursos del Estado y falta de transparencia en la contratación y ejecución de proyectos. El llamado “balaguerismo” dejó una herencia compleja: un Estado fuerte en presencia, pero débil en controles efectivos contra la corrupción.

Con la alternancia democrática entre el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la corrupción entró en una nueva fase. Durante el gobierno de Antonio Guzmán (1978–1982) y, posteriormente, el de Salvador Jorge Blanco (1982–1986), se abrieron espacios de libertades públicas, pero también surgieron denuncias sobre mal manejo de fondos, sobrecostos y enriquecimiento ilícito. El juicio y condena de Jorge Blanco, años después, fue visto por algunos como un símbolo de que la justicia podía alcanzar a figuras de alto nivel, aunque otros lo interpretaron también como un proceso atravesado por tensiones políticas.

La llegada de Leonel Fernández al poder en 1996 inauguró una etapa de modernización del discurso político, con énfasis en la globalización, la tecnología y las grandes obras de infraestructura. Sin embargo, a medida que avanzaron sus distintos períodos de gobierno, se acumularon denuncias sobre sobrevaluación de contratos, endeudamiento poco transparente y relaciones cuestionadas entre funcionarios y empresas contratistas. La percepción de una élite político-empresarial que se beneficiaba de su cercanía al Estado comenzó a consolidarse en la opinión pública.

El gobierno de Hipólito Mejía (2000–2004) tampoco escapó a la sombra de la corrupción. La crisis bancaria de principios de la década, con el colapso de instituciones financieras y el rescate estatal, dejó una fuerte sensación de impunidad y de captura del Estado por intereses particulares. Para muchos ciudadanos, fue una evidencia de cómo las decisiones de unos pocos podían comprometer el futuro económico de la mayoría.

Con los sucesivos gobiernos del PLD, tanto bajo Leonel Fernández como bajo Danilo Medina (2012–2020), la discusión sobre corrupción tomó una nueva dimensión. Casos de alcance internacional como el de Odebrecht expusieron un entramado de sobornos, sobrevaluaciones y financiamiento de campañas políticas que salpicó a varios países de la región, incluyendo la República Dominicana. Las protestas ciudadanas, como las marchas verdes, reflejaron el hartazgo de una parte importante de la población frente a lo que consideraban una cultura de impunidad arraigada en las más altas esferas del poder.

Danilo Medina llegó al gobierno con la bandera de la eficiencia y la “Revolución Educativa”, pero su gestión terminó marcada por cuestionamientos sobre contratos públicos, programas sociales y la forma en que se manejaban los fondos del Estado. Aunque se implementaron ciertas iniciativas de transparencia, la percepción ciudadana siguió señalando que los grandes casos rara vez terminaban en sanciones ejemplares.

La llegada de Luis Abinader al poder en 2020, con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), se apoyó en un discurso fuerte contra la corrupción y la impunidad. Uno de los elementos distintivos de su gestión ha sido el impulso a procesos judiciales contra exfuncionarios de alto nivel, incluyendo figuras emblemáticas de gobiernos anteriores. Estos casos han sido presentados como prueba de que “nadie está por encima de la ley”. Sin embargo, para muchos dominicanos persiste la duda de si se trata de un verdadero cambio estructural o de una nueva vuelta del péndulo político, donde la lucha contra la corrupción termina usándose también como arma contra los adversarios.

Hoy, la República Dominicana se encuentra en un punto de inflexión. Por un lado, existe una ciudadanía más informada, activa en redes sociales y menos dispuesta a aceptar silenciosamente los viejos pactos de impunidad. La prensa, los movimientos sociales y algunas organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel clave en la denuncia y seguimiento de casos. Por otro lado, las estructuras que permiten la corrupción —desde la financiación opaca de las campañas hasta la débil supervisión de los contratos públicos— siguen estando lejos de una reforma integral.

Mirar la corrupción “al paso de los años” en la República Dominicana no es solo elaborar una cronología de nombres y escándalos. Es reconocer que, pese a los cambios de partido y de presidente, las reglas informales del juego político han tendido a repetirse: el uso de los recursos del Estado como herramienta de poder, la protección de aliados, la justicia selectiva y la falta de consecuencias reales para muchos de los implicados.

Si algo ha cambiado con el tiempo, es la paciencia de la gente. Las nuevas generaciones no vivieron la dictadura de Trujillo ni los años más duros de la represión política; crecieron, en cambio, viendo casos de corrupción que rara vez concluyen con una condena firme. Para ellas, la democracia no puede limitarse al acto de votar cada cuatro años, sino que debe expresarse también en instituciones que funcionen, en cuentas claras y en responsabilidades asumidas.

La pregunta, entonces, no es si ha habido corrupción —porque la respuesta es obvia—, sino si el país está dispuesto a romper el ciclo. Eso implica ir más allá de los nombres propios y revisar el sistema que los produce: cómo se financian los partidos, cómo se seleccionan los candidatos, cómo se vigilan los contratos, cómo se protege a los denunciantes y cómo se asegura que la justicia actúe sin presiones ni favoritismos.

La historia reciente de la República Dominicana demuestra que la corrupción se ha adaptado a cada época, cambiando de rostros y de métodos. El reto de hoy es que la ciudadanía y las instituciones sean capaces de evolucionar más rápido que ella. Solo entonces, los nombres de los gobernantes dejarán de estar inevitablemente asociados a escándalos, y la memoria colectiva podrá contar otra historia: la de un país que, tras décadas de tolerar la corrupción, finalmente decidió ponerle un límite.