La inversión pública contemplada en el Presupuesto General del Estado para el año 2026 asciende a RD$215,284.7 millones, monto que representa aproximadamente el 2.5 % del Producto Interno Bruto (PIB). Esta proporción evidencia el reducido peso que tiene el gasto de capital dentro del conjunto de la economía nacional y su limitada capacidad para actuar como motor del crecimiento y del desarrollo productivo del país.
Durante años, la inversión pública ha sido reconocida por economistas y organismos internacionales como uno de los instrumentos más eficaces para dinamizar el crecimiento económico, estimular el empleo y sentar las bases del desarrollo sostenible. Sin embargo, en la República Dominicana, ese motor parece hoy avanzar a muy baja velocidad.
La inversión pública no es un gasto cualquiera. Es el componente del presupuesto que se traduce en carreteras, escuelas, hospitales, sistemas de agua, energía, transporte y otras obras que elevan la productividad del país y mejoran la calidad de vida de la población.
Cuando el Estado invierte de manera eficiente, no solo impulsa la economía en el corto plazo, sino que también crea las condiciones necesarias para que el sector privado crezca, invierta y genere empleos en el corto, mediano y largo plazo.
En las economías en desarrollo, la inversión pública resulta determinante y actúa como una verdadera locomotora del crecimiento.
En los últimos cinco años, los datos oficiales reflejan que el gasto de capital del Gobierno se ha mantenido en niveles bajos, mostrando una clara tendencia al estancamiento.
Más grave aún es el problema de la ejecución presupuestaria. No basta con anunciar montos significativos en el presupuesto si una parte importante de esos recursos no se ejecuta.
Cuando un gobierno reduce o minimiza la inversión pública, renuncia a una de las herramientas más poderosas para estimular la economía, especialmente en contextos de desaceleración.
El 2025: crecimiento frágil y oportunidades perdidas
Aunque la economía dominicana continúa siendo una de las más dinámicas de la región, el crecimiento registrado en 2025 fue notablemente más bajo de lo esperado y se situó por debajo de su potencial histórico.
Según datos del Banco Central, el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 se ubicó en 2.2 %, una tasa claramente inferior al promedio de años recientes y al potencial de la economía dominicana.
Esto contrasta con años como 2024, cuando la economía creció poco más de un 4 %, según datos del Banco Mundial.
Esta moderación del crecimiento, que representó aproximadamente la mitad del ritmo potencial del país, sugiere una desaceleración significativa. En gran medida, este desempeño se explica por factores internos, como la baja inversión pública y las restricciones en la demanda agregada, que limitaron la creación de empleo en sectores clave como la construcción y afectaron la actividad económica en general.
El crecimiento económico no depende de un solo factor, pero resulta innegable que una inversión pública débil limita el potencial del país. Menos obras implican menos empleo en sectores estratégicos, menor demanda para los suplidores locales y una infraestructura insuficiente para apoyar a los sectores productivos.
Además, la baja inversión pública tiene efectos sociales evidentes: comunidades con acceso limitado a servicios básicos, infraestructuras deterioradas y una brecha creciente entre las necesidades de la población y la capacidad de respuesta del Estado.
En un contexto internacional complejo, donde muchos países utilizan la inversión pública como herramienta contracíclica para proteger el crecimiento y el empleo, la pasividad resulta costosa. No invertir hoy implica crecer menos mañana.
Si el país aspira a mantener un crecimiento sólido y sostenible, la inversión pública no puede seguir siendo la gran sacrificada del presupuesto. La locomotora del desarrollo está ahí, conocida y probada. Lo que falta es voluntad para ponerla nuevamente en marcha.
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