El Estado tendrá que aprender la dura lección que representa el laudo arbitral de un tribunal federal de Estados Unidos que lo obliga a resarcir con unos 44 millones de dólares al empresario Michael Lee-Chin por la rescisión en forma unilateral en 2017 del vertedero de Duquesa.
A través de la compañía Lajun, Lee-Chin, un empresario jamaicano-canadiense, firmó en 2007 un contrato para operar el polémico depósito de desperdicios ubicado en Santo Domingo Norte.
Tras la rescisión por supuesto incumplimiento el empresario inició en 2018 acciones legales en la justicia estadounidense que culminaron con la condena al Estado dominicano por unos 44 millones de dólares.
La sentencia, que es definitiva, representa un punto de inflexión para el Estado dominicano: no se pueden anular ni vulnerar contratos al margen de las leyes.
