Los recientes terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados en Venezuela han reavivado el debate sobre la preparación de los países caribeños frente a eventos sísmicos de gran magnitud. En República Dominicana, la discusión adquiere especial relevancia debido a que aproximadamente el 95.4% de las viviendas carece de protección aseguradora contra terremotos, según estimaciones del especialista del sector, Miguel Villamán, consultor de la Superintendencia de Seguros (SIS).
Villamán indicó en entrevista a elDinero que apenas entre el 4.5% y el 5% del parque habitacional dominicano cuenta con algún tipo de seguro contra terremotos contratado de manera voluntaria. Considerando que el país posee alrededor de 3.7 millones de viviendas ocupadas, el universo asegurado rondaría apenas las 170,000 propiedades.
“La brecha de protección es, por tanto, muy amplia. Además, una vivienda vinculada a una hipoteca no necesariamente está protegida de manera integral: en numerosos esquemas, la póliza garantiza prioritariamente el saldo del crédito y el banco figura como acreedor preferente”, afirmó Villamán.
El especialista explicó que muchas personas asumen erróneamente que el seguro asociado a una hipoteca protege completamente su patrimonio, cuando en numerosos casos la cobertura está limitada al monto pendiente del préstamo.
Esta advertencia coincide con la posición de Franklin Glass, presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), quien señaló que existe una falta de comprensión sobre el alcance real de los seguros hipotecarios.
Según Glass, estas pólizas suelen cubrir únicamente el monto financiado por la entidad bancaria y no el valor total del inmueble, lo que podría dejar al propietario sin vivienda y sin el patrimonio acumulado durante años en caso de una pérdida total por terremoto. Al respecto, Linda Sánchez, vicepresidente Técnico Riesgos Generales de Seguros Reservas, destaca que el seguro es una herramienta de transferencia de riesgo.
En el caso de una vivienda, señala que permite que ante un terremoto la familia pueda contar con los recursos financieros necesarios para reparar, reconstruir o adquirir otra propiedad, sin tener que asumir esa pérdida directamente con su patrimonio.
“Es importante diferenciar la protección financiera que ofrece el seguro de la gestión del riesgo estructural de una vivienda. Son temas distintos y complementarios. La prevención busca reducir el riesgo y el seguro permite contar con los recursos necesarios para recuperarnos cuando el evento ocurre”, indica Sánchez a elDinero.
Agrega que en el país todavía existe poca cultura de aseguramiento. “Creo que muchas personas perciben el seguro de vivienda como un requisito bancario porque su primer contacto con esta cobertura ocurre al momento de tomar un préstamo hipotecario”, sostiene la experta. No obstante, advierte que cuando se termina de pagar el préstamo, el riesgo de terremoto no desaparece.
Aunque la cobertura residencial sigue siendo limitada, Villamán sostiene que el mercado asegurador dominicano ha desarrollado mecanismos para administrar riesgos catastróficos mediante reaseguros internacionales, límites de retención y control de concentración de riesgos.
Estadísticas de la Superintendencia de Seguros muestran que durante 2025 el ramo de Incendio y Líneas Aliadas, que incluye cobertura contra terremotos, registró primas suscritas por RD$40,339.4 millones. De ese monto, RD$29,378.7 millones fueron transferidos a reaseguradores internacionales, mientras RD$10,960.7 millones permanecieron retenidos por las compañías locales.
No obstante, Villamán enfatiza que el principal problema no radica en la capacidad financiera del sector. “El principal desafío frente a un gran terremoto no es únicamente la capacidad financiera del sector asegurador, sino que la mayoría de las pérdidas recaería directamente sobre las familias y, eventualmente, sobre el Estado, debido a la baja penetración del seguro de vivienda”, expresó.
El experto añade que las aseguradoras transfieren una parte significativa de su exposición a través de contratos de reaseguro y programas catastróficos, lo que fortalece su capacidad de respuesta ante eventos de gran magnitud.
En tanto, Sánchez sostiene que la baja penetración en este segmento no es exclusiva del país, sino que otros países buscan lograr que más familias y empresas estén aseguradas antes una catástrofe “Nosotros también tenemos que avanzar en esa dirección”, reconoce.
Construcciones informales
Más allá de la cobertura financiera, especialistas advierten sobre factores estructurales que incrementan el riesgo de pérdidas. El geólogo Osiris de León recordó que República Dominicana se encuentra en una zona de contacto entre las placas tectónicas de Norteamérica y el Caribe, una condición que históricamente ha generado terremotos significativos en la isla Hispaniola.
De León destacó que gran parte del parque habitacional presenta debilidades constructivas. “Se estima que en el país el 70% de las construcciones son informales, sin estudios de suelos, sin diseños estructurales, sin cálculos, sin planos, sin aprobaciones institucionales y sin nada, lo que incrementa la vulnerabilidad sísmica”, expresó a elDinero.
El especialista identificó como especialmente vulnerables diversas zonas asentadas sobre suelos blandos, entre ellas Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santiago, gran parte del valle del Cibao, Puerto Plata, Nagua, Samaná y el valle de Neiba o Enriquillo.
El ingeniero civil Melquis Martínez afirmó a elDinero que una de las principales fallas estructurales en las viviendas dominicanas es la ausencia de estudios de suelo y de una adecuada evaluación por parte de ingenieros estructuralistas.
Explicó que, en muchos casos, las edificaciones se construyen siguiendo modelos o “recetas” utilizadas en otros proyectos, sin considerar las condiciones particulares del terreno ni los cálculos técnicos necesarios para definir elementos como columnas, vigas, zapatas y losas.
Martínez sostuvo que cada proyecto de construcción debe partir de un estudio geotécnico que permita al ingeniero estructuralista diseñar soluciones específicas para la obra. A su juicio, la práctica de replicar diseños sin análisis previos incrementa el riesgo de asentamientos y otras deficiencias estructurales, ya que los componentes fundamentales de una vivienda deben responder a criterios técnicos y no a experiencias aplicadas en contextos diferentes.
Asimismo, señaló que en República Dominicana persisten debilidades en los mecanismos de control y supervisión de las construcciones. Indicó que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) enfrenta limitaciones de personal para fiscalizar todas las obras, mientras que la burocracia puede retrasar algunos procesos.
No obstante, destacó que los proyectos de mayor envergadura, como edificios y complejos de apartamentos destinados a la venta, están obligados a cumplir con procesos de supervisión oficial.
Sin embargo, Villamán matiza esta preocupación desde la perspectiva aseguradora. Según explicó, las compañías no consideran automáticamente inasegurables las construcciones informales, aunque sí pueden exigir inspecciones, certificaciones estructurales, deducibles más elevados o primas superiores.
“Las construcciones informales o de autoconstrucción no son necesariamente rechazadas de forma automática, pero pueden requerir inspección, certificación estructural, deducibles mayores, límites especiales o una prima superior”.
El costo
Uno de los factores que explican la baja penetración de estos seguros es la percepción de que representan un gasto elevado. Como referencia, Villamán indicó que una póliza residencial con coberturas amplias puede costar entre RD$5.70 y RD$6.50 por cada RD$1,000 asegurados, equivalente a tasas entre 0.57% y 0.65% del valor asegurable. Bajo ese parámetro, asegurar una vivienda con un costo de reconstrucción de RD$3 millones implicaría una prima anual estimada entre RD$17,100 y RD$19,500, antes de impuestos.
No obstante, el economista y consultor financiero Jesús Geraldo Martínez considera que el problema no se limita a la falta de conciencia sobre los riesgos. Según plantea, la principal barrera está relacionada con la capacidad económica de los hogares y la asignación de recursos. Martínez señala que en la práctica las primas suelen ubicarse entre 0.6% y 0.8% del valor asegurado.
Para un apartamento valorado entre RD$4 millones y RD$5 millones, el desembolso anual puede oscilar entre RD$29,000 y RD$35,000. “Esta cifra representa entre uno y dos salarios mínimos del sector privado no sectorizado, un compromiso financiero que sigue siendo significativo para buena parte de los hogares dominicanos”, señala.
Solo el costo de la canasta básica del quintil más pobre se sitúa a RD$29,608.08 a junio de este año, mientras que la nacional alcanza los RD$49,520.42 al mes, según el Banco Central.
El economista atribuye además la baja contratación a la ausencia de una cultura de gestión de riesgos, la desconfianza en los procesos de reclamación y la baja frecuencia con que la población percibe los grandes terremotos.
Incentivos
Ante esta realidad, Martínez propone una serie de incentivos económicos y fiscales orientados a reducir el costo efectivo de las pólizas. Entre las medidas planteadas figuran deducciones en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por primas de seguro de vivienda, reducciones o exoneraciones del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) aplicado a estos productos, subsidios para viviendas de bajo valor ubicadas en zonas de mayor riesgo sísmico y el desarrollo de pólizas paramétricas de bajo costo.
También sugirió alianzas entre aseguradoras, entidades financieras y desarrolladores inmobiliarios para incorporar coberturas subsidiadas desde la adquisición de nuevas viviendas. “Hay que hacer alianzas entre aseguradoras, bancos y desarrolladores para ofrecer coberturas obligatorias pero subsidiadas en proyectos nuevos, de forma que el costo se incorpore desde el origen de la propiedad”, manifestó.
Asimismo, Jairo Zambrano, presidente ejecutivo de Reaseguradora Santo Domingo, indicó a este medio que el Estado también puede desempeñar un papel importante mediante incentivos fiscales, subsidios focalizados para hogares vulnerables, fondos de protección catastrófica o mecanismos de garantía que ayuden a reducir el costo de las coberturas.
Cita que existen experiencias internacionales de interés, como el modelo francés, en el cual el Estado participa en un esquema especial de protección catastrófica para las aseguradoras, permitiendo que estas puedan ofrecer coberturas a un costo más accesible para sus clientes.
“El objetivo debe ser que el seguro contra catástrofes deje de percibirse como un producto exclusivo y se convierta en una herramienta accesible de protección familiar, social y económica”, expresó Zambrano, al subrayar que la penetración del seguro en América Latina es de alrededor de 3% del producto interno bruto (PIB), mientras que en el país es de apenas un 1.8%.
El debate trasciende el ámbito asegurador y alcanza la planificación nacional frente a desastres. El geólogo De León insistió en la necesidad de impulsar políticas de ordenamiento territorial basadas en microzonificación sísmica y fomentar una cultura de aseguramiento de viviendas.
El geólogo recordó que eventos recientes y pasados han generado enormes pérdidas económicas en distintos países. “Ninguna de estas tres sociedades estaba preparada para esos terremotos y sus daños directos e indirectos”.
Por su parte, Villamán considera que la capacidad financiera del mercado asegurador debe complementarse con una estrategia nacional de contingencia. “Esta capacidad debe complementarse con un plan de contingencia conjunto entre el Estado y el sector asegurador para gestionar ordenadamente la evaluación, atención y pago de una cantidad extraordinaria de reclamaciones”.
Los especialistas coinciden en que la principal vulnerabilidad no está únicamente en la ocurrencia de un terremoto, sino en las consecuencias económicas que enfrentarían millones de familias sin mecanismos de protección financiera. Mientras el mercado asegurador mantiene esquemas de reaseguro para responder ante una catástrofe, la baja cobertura de viviendas continúa trasladando la mayor parte del riesgo a los hogares dominicanos y, en última instancia, al Estado.
