Bajo el sol inclemente de la mañana de hoy, la salida del elevado de la avenida John F. Kennedy con Ortega y Gasset se convirtió en el escenario de una maniobra tan aparatosa como peligrosa; varios agentes de la Digesett intentaron detener a los automovilistas que transitaban por el viaducto.
La acción no es nueva, forma parte de una serie de operativos que realizan los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre (Digesett) en busca de atrapar a los infractores que transitan por los elevados y túneles del Gran Santo Domingo, algo que esta prohibido por la Ley 63-17.
Una mancha verde luminica en el elevado
Era un contingente de diez agentes de la Digesett, apoyados por una grúa y varias motocicletas oficiales; los uniformados aguardaban con sigilo el flujo de vehículos que emergía del viaducto (elevado). El objetivo era claro: interceptar de golpe a todo motorista que, violando la ley, se atreviera a cruzar el paso a desnivel, una zona estrictamente prohibida para vehículos de dos ruedas.
Sin embargo, la logística del operativo rozaba lo temerario. Los agentes se lanzaban prácticamente sobre la vía en la boca de salida del túnel, obligando a frenazos bruscos que hacían chirriar los neumáticos, en un tramo donde la visibilidad es reducida para quienes transitan con una hilera de vehículos delante.
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La presencia de diez uniformados bloqueando el carril no solo buscaba imponer el orden, sino que generaba un riesgo inminente de choques en cadena, poniendo en peligro tanto a los infractores como a los mismos agentes que circulaban entre vehículos en marcha.
La aplicación de la Ley 63-17 en los elevados debe ser estricta
A unos diez minutos de estar ahí, pude ver cómo los agentes se pusieron en alerta; a lo lejos, con vista de águila, habían divisado a un motociclista que venía a toda velocidad por el viaducto. No le dio tiempo de devolverse. Los agentes, caminando entre vehículos en marcha y creando un congestionamiento mayúsculo, pudieron atrapar al infractor. La motocicleta le fue quitada y, junto a él, escoltada hacia donde estaba la grúa.
Lo que resulta verdaderamente cuestionable de esta escena no es la aplicación de la Ley 63-17, sino la estrategia de «emboscada» empleada por la autoridad.
¿Por qué mejor no evitar que violen la ley?
El sentido común dicta que, para evitar que un motorista suba al elevado y ponga en riesgo su vida, bastaría con apostar a un solo agente en la entrada del viaducto para disuadir la infracción antes de que ocurra.
No obstante, la Digesett optó por el despliegue masivo al final del trayecto, evidenciando que el interés no es la prevención del riesgo, sino la captura del infractor una vez consumado el hecho.
Este despliegue de recursos diez agentes, una grúa y logística de transporte para una mano de obra que se soluciona con vigilancia preventiva en el acceso, deja un sabor amargo en la ciudadanía.
Al final del día, la percepción que queda flotando entre el humo de los escapes y el ruido de las sirenas es que la institución parece más enfocada en cumplir una cuota de multas y fiscalizaciones que en garantizar la seguridad vial y la fluidez del tránsito en la ciudad.
Mientras los agentes cargaban las motos a la grúa con la eficiencia de quien recoge botón tras una batalla, el tránsito se retorcía en un nudo de bocinas y humo. Diez sueldos públicos invertidos no en salvar una vida en la entrada, sino en cazar una infracción a la salida. En la ciudad de los elevados, el vial de seguridad parece haberse convertido en una simple transacción comercial bajo el sol ardiente del mediodía.
