La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, destacó que el Ministerio Público sigue firme y que “no detendrá la lucha contra la corrupción bajo ninguna circunstancia”, luego de que Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros imputados fueran favorecidos con un auto de no ha lugar en el caso que el órgano acusador denominó Calamar.
“El Ministerio Público, como órgano persecutor del Estado, tiene un mensaje claro, firme y definitivo para la ciudadanía: bajo ninguna circunstancia vamos a detener la lucha contra la corrupción”, enfatizó Reynoso en un comunicado.
“Esta no es únicamente una obligación constitucional. Es una convicción profunda que hemos defendido siempre. La corrupción no es un simple delito: es una grave violación a los derechos humanos”, recalcó.
Dijo “que cada recurso público desviado significa menos salud en nuestros hospitales, menos calidad en la educación de nuestros niños, menos seguridad en nuestras calles y un robo directo a las oportunidades de las presentes y futuras generaciones”.
Sobre las recientes decisiones judiciales y el deber constitucional que tiene el Ministerio Público de apelar, dijo: “he participado directamente en las investigaciones y conozco las pruebas de primera mano”.
“Por esa razón, dejar pasar un auto de no ha lugar que no se sustenta en derecho, y que favorece a imputados que desempeñaron un rol fundamental dentro de una estructura criminal, no sería honesto ni justo para el país”, añadió.
“Los fondos fueron recibidos por imputados favorecidos con la decisión. Las pruebas están. La acusación es pública y el país puede verla. Es evidente que la decisión contiene falencias procesales elementales que, incluso, un estudiante de Derecho podría identificar con facilidad”, declaró.
Reafirmó que el Ministerio Público apelará esta decisión. “Lo haremos porque las participaciones criminales acreditadas mediante testimonios directos, y corroboradas con decenas de pruebas, deben ser conocidas en un juicio de fondo”, apuntó.
“No podemos ignorar la verdad. Fuimos testigos de cómo un imputado, hoy favorecido con un no ha lugar, admitió en nuestra presencia y en la de sus abogados haber recibido más de 700 millones de pesos en efectivo, dinero proveniente de actos de corrupción”, precisó.
Respecto a la decisión del tribunal, dijo que cada actor del sistema de justicia tiene que jugar su rol. “Nosotros garantizamos que, desde nuestra gestión, jugaremos el nuestro hasta agotar todos los recursos procesales disponibles. Corresponderá a las demás instancias judiciales asumir, conforme al derecho, la responsabilidad que les toca”, expresó Reynoso.
Sostuvo que “quienes apuestan a la impunidad pueden seguir gastando millones en campañas, mentiras e intentos de desnaturalizar la verdad. Sin embargo, el país debe saber algo con absoluta certeza: jamás van a doblegar nuestra voluntad inquebrantable de hacer lo correcto”.
“Sabemos de dónde vienen esos ataques y quiénes forman parte de ellos. Pero siempre hemos creído que la única respuesta decente de un fiscal frente a los obstáculos para hacer su trabajo es ser más fiscal: más firme, más fuerte, más persistente y más comprometido con la Constitución y la ley”, declaró.
Dijo que detener la lucha contra la corrupción jamás será una opción, al tiempo que reconoció que la lucha contra la corrupción en el país avanza. En ese sentido, recordó que el Ministerio Público puede citar:
– 274 personas físicas y jurídicas acusadas.
-74 condenas de personas físicas y jurídicas obtenidas en los casos conocidos hasta el momento.
– 174 autos de aperturas a juicio
-Más de RD$6,000 millones decomisados.
-Condenas contundentes y decomisos históricos a favor del Estado.
-Un Código Penal que contempla nuevos tipos penales en materia de delitos contra el patrimonio público.
-La implementación de herramientas legales vitales como la Ley de Extinción de Dominio y la Ley de Compras y Contrataciones.
-El reconocimiento de República Dominicana como uno de los países con mayores avances en la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, Reynoso expuso que, pese a los logros, persisten desafíos estructurales e históricos que seguirán enfrentando. “Ser pasivos ante los actos de corrupción equivale a permitir que nos roben el presente y el futuro de nuestra nación”, señaló.
“Nuestras acusaciones no son un secreto. Son documentos públicos y están disponibles de manera íntegra en nuestras plataformas. Los hechos graves ocurrieron. Las pruebas existen. Están a la vista de todos. Y llevaremos cada caso hasta el final”, resaltó.
“Seguiremos defendiendo una justicia verdaderamente centrada en las personas, garantizando que el patrimonio del Estado sirva al bienestar de la gente y no al enriquecimiento ilícito de unos pocos”, concluyó.
