La batalla judicial de César Emilio Peralta- (César el Abusar) dio un giro significativo con la presentación de una moción en la que su defensa exige la entrega de un video de seguridad grabado el 4 de noviembre de 2022, justo antes de que el narcotraficante dominicano se declarara culpable ante un tribunal federal.
Según el documento, el video captado por las cámaras del U.S. Marshals Service es la única evidencia objetiva de una interacción «fuera del récord» entre el fiscal Max J. Pérez-Bouret y el acusado en los minutos previos al inicio formal de la audiencia.
Esa conversación —que no aparece en el expediente ni en la transcripción oficial— sería central para demostrar que el acuerdo de culpabilidad no fue voluntario, sino producto de presión indebida.
La defensa sostiene que el tribunal negó anteriormente la entrega de «cualquier grabación» bajo la premisa de que, al haber estenógrafo (instrumento que transcribe conversaciones) presente, no existía archivo audiovisual.
Sin embargo, explica que esa negativa se basó en un error material: aunque no se activa audio oficial cuando hay taquígrafa, las cámaras de seguridad sí funcionan las 24 horas, y su contenido es independiente del sistema del tribunal.
Un argumento de alto calibre
En su moción, el abogado Edwin Prado cita precedentes de la Corte Suprema de los Estados Unidos que obligan a revisar evidencia externa cuando un acusado afirma que recibió presiones o promesas fuera del acta. Entre ellos, Machibroda v. United States y Blackledge v. Allison, fallos que establecen que la transcripción del plea no es suficiente para determinar si este fue realmente libre.
Además, invoca la doctrina Brady v. Maryland, que obliga al Gobierno a entregar evidencia favorable al acusado. Si el video muestra acercamientos, gestos, palabras o conductas del fiscal que puedan interpretarse como presión, el material sería exculpatorio y, por tanto, su retención sería una violación constitucional.
¿Qué busca la defensa?
Con la entrega del video, la defensa de Peralta pretende demostrar que el plea —base del proceso y de su condena— fue defectuoso. Si logran probar que la declaración no fue voluntaria ni consciente, la consecuencia jurídica sería directa: el acuerdo de culpabilidad podría ser anulado, y con él el proceso completo.
En términos prácticos, Peralta quedaría nuevamente en posición procesal abierta, y dependiendo de la valoración judicial sobre la conducta del Ministerio Público, incluso podría solicitar libertad mientras se determina la validez del caso.
Un expediente que podría reventar desde adentro
El planteamiento no es menor. La moción señala que la interacción previa entre fiscal y acusado ocurrió justo antes de abrir el micrófono oficial, cuando el juez todavía no había iniciado la audiencia. Es decir, un momento que normalmente queda al margen del registro, pero que, según la defensa, fue decisivo para que Peralta cediera.
Si el tribunal concluye que hubo presión indebida o que se suprimió evidencia clave, estaría obligado a revisar el caso desde cero. En palabras simples: si el video existe y respalda la versión del acusado, el proceso corre el riesgo de derrumbarse.
¿Qué sigue ahora?
La defensa pide que el tribunal:
- Ordene la preservación inmediata del video,
- Lo incorpore al expediente,
El juez podría, incluso, verlo primero en privado antes de decidir.
Si accede, este podría convertirse en el punto de inflexión del caso. Si lo niega sin revisar la evidencia, podría abrir paso a una apelación por violación al debido proceso.
Por ahora, lo único claro es que la defensa de «el Abusador» ha encendido una alarma jurídica, dado que lo ocurrido en los minutos previos al plea podría redefinir el futuro judicial de uno de los casos más emblemáticos del Caribe en la última década.
