El economista Nelson Suárez planteó que el Gobierno debe emprender una revisión gradual pero profunda del sistema tributario, orientada a su modernización y simplificación. Esto implica ampliar la base impositiva y recaudatoria con criterios de equidad, facilitar y abaratar la formalización, así como promover la declaración voluntaria de los sujetos pasivos de los impuestos.
Asimismo, propuso la revisión gradual de todo el esquema vigente de exoneraciones y exenciones tributarias, junto con la reducción de los elevados niveles de evasión y elusión impositiva que se registran en el país.
Suárez realizó estos señalamientos en el Cuarto Coloquio Permanente sobre la Economía Dominicana: Electricidad y Fiscalidad, organizado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUMM). En su intervención, expuso el tema titulado “Aproximación a la cuantificación del espacio fiscal en la República Dominicana: realidades, factores limitantes y opciones de ampliación”.
El coloquio contó con el auspicio tanto del Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán (CEPA) como del Servicio Social de Iglesias Dominicanas (SSID), bajo la coordinación del Equipo de Reflexión sobre República Dominicana y Haití (CPRD-H)
Suárez afirmó que se estima que la evasión y la elusión del ITBIS alcanzan alrededor del 43.58%, lo que significa que las pérdidas de recaudación, por ejemplo en 2025, pudieron ascender a RD$300,994.6 millones, equivalentes al 3.8% del producto interno bruto (PIB). Señaló además que la evasión en el Impuesto sobre la Renta (ISR) ronda el 60.43%, lo que implica que en 2025 el fisco podría haber dejado de percibir unos RD$634,534.8 millones, equivalentes al 8.0% del PIB.
Resaltó que las exenciones y exoneraciones, que para el año 2025 se estiman en un 4.7% del PIB, equivalen a RD$383,566.2 millones.
Expresó que, por su estructura y disposiciones normativas, el sistema tributario dominicano (STD) representa formalmente un 24% del PIB; sin embargo, en la práctica muestra serias limitaciones para proveer al Estado los ingresos necesarios para cumplir con su misión.
Señaló que, en los últimos 26 años, las recaudaciones tributarias han registrado un promedio anual equivalente al 13.2% del PIB. Indicó que el ITBIS constituye el principal impuesto dentro del sistema tributario dominicano (STD), representando el 31.8% del total promedio anual entre 2000 y 2025, y alcanzando el 34.3% en el año 2025.
Déficit fiscal
Recordó que, aunque el déficit fiscal presupuestado para 2026 asciende a RD$282,276.5 millones (3.3% del PIB), la brecha de financiamiento se eleva a RD$403,901.5 millones (4.7% del PIB).
Para cubrir esta brecha, el Gobierno colocará deuda por un monto de RD$401,767.8 millones y espera recibir donaciones por RD$2,133.7 millones.
En 2026, la capacidad fiscal del Gobierno Central estará definida por ingresos totales de RD$1,340,124.5 millones (15.5% del PIB), mientras que sus obligaciones presupuestarias globales ascenderán a RD$1,744,026.0 millones (20.1% del PIB).
Gasto primario
En 2026, el gasto primario corriente del Gobierno representa el 11.1% del PIB, equivalente a RD$959,559.8 millones. Esto corresponde al 71.7% de los ingresos estimados y al 55.0% del total de egresos presupuestados, lo que evidencia las limitaciones del espacio fiscal para cubrir la totalidad de sus obligaciones.
Además del gasto primario corriente, el Gobierno tiene presupuestados para 2026 fondos destinados al pago de intereses de la deuda, que ascienden a RD$324,257.1 millones (3.7% del PIB), equivalentes al 24.4% de los ingresos y al 18.8% del total de egresos.
Explicó que el gasto público primario se mide restando del total de las erogaciones del Gobierno el monto correspondiente al pago de intereses de la deuda pública.
Entre 2010 y 2025, el gasto primario ha representado un promedio anual de 15.5% del PIB. En ese mismo período, el promedio anual de los ingresos públicos totales —que incluyen ingresos tributarios, no tributarios y donaciones— ha sido de 14.6% del PIB, lo que refleja una brecha de -0.9%.
Sector eléctrico
Destacó que, para 2026, los subsidios al sector eléctrico tienen reservados en el presupuesto RD$85,438.9 millones, equivalentes al 1.0% del PIB, al 6.4% de los ingresos y al 4.9% de los egresos. Precisó que esta partida fue calculada tomando como referencia un precio del petróleo de 65 dólares por barril, antes de la crisis en Medio Oriente.
Los fondos destinados a la inversión en activos fijos en el presupuesto de 2026 ascienden a RD$139,849.5 millones, lo que representa el 1.6% del PIB, el 10.4% de los ingresos y el 8.0% de los egresos.
Por su parte, los recursos para cubrir la amortización de capital de la deuda suman RD$116,074.8 millones, equivalentes al 1.3% del PIB, al 8.7% de los ingresos y al 6.7% del gasto total.
Asimismo, las transferencias para la capitalización del Banco Central ascienden a RD$38,292.9 millones, equivalentes al 0.4% del PIB, al 2.9% de los ingresos y al 2.2% de los egresos.
Finalmente, para cubrir las transferencias de capital en el presupuesto de 2026 se asignan RD$72,989 millones.
Espacio fiscal
Los elevados niveles de gasto primario y las pérdidas presupuestarias derivadas de las ineficiencias en distintas instancias de la administración pública —tanto en la calidad asignativa como en la gestión operativa del gasto—, junto con los altos costos de la corrupción, forman parte de los múltiples factores y restricciones que limitan el espacio fiscal en la República Dominicana, dijo.
El espacio fiscal se describe como la capacidad del presupuesto público para financiar las obligaciones del Gobierno dentro de un marco de estabilidad económica y sostenibilidad financiera.
Explicó que existen múltiples opciones para que los gobiernos creen o amplíen su espacio fiscal, entre ellas: establecer o aumentar impuestos (mediante reformas tributarias o mejoras en la recaudación), reducir gastos no prioritarios e ineficientes, obtener recursos de prestamistas nacionales o extranjeros, incrementar la masa monetaria, gestionar donaciones y vender activos públicos o empresas, entre otras.
La condición fundamental que se exige al Estado en el uso de estas opciones es que lo haga sin comprometer la estabilidad macroeconómica —baja inflación, crecimiento sostenible, equilibrio en las cuentas externas, creación de empleo y atracción de inversión— ni la sostenibilidad fiscal —capacidad para cubrir sus gastos, mantener déficits manejables, cumplir con sus obligaciones de deuda a largo plazo y conservar niveles adecuados de endeudamiento—.
